Un pacto imposible
Nos están distrayendo masivamente con el debate sobre el pacto fiscal. Un nuevo pacto fiscal requiere un acuerdo entre el Partido Popular y Convergencia i Unió y punto. Las dos formaciones están pactando constantemente en los ayuntamientos de Badalona y Barcelona, en la Diputación de Barcelona, en el Parlament de Cataluña y hasta en el Congreso de los Diputados en Madrid. Ya están de acuerdo sobre la idea que toca recortar en servicios públicos y derechos laborales. Solo si esta alianza de facto se pone de acuerdo tendremos un nuevo pacto fiscal. Lo demás es teatro que no aportará nada en resultados concretos.
CiU aprovecha de nuevo un contexto de frustración generalizada para sembrar aún más frustración, cuando la ecuación es muy sencilla. El ruido y la posición del resto de partidos hace que las cosas parezcan más complicadas, cuando no las son. Repito, o el PP y CiU se ponen de acuerdo o no hay pacto fiscal. Todo el mundo sabe que la financiación que logró el Conseller Castells era mejor que el último acuerdo al que llegaron Aznar y Pujol, es cierto. Pero hoy por hoy cuesta imaginar que CiU aceptaría un nuevo pacto que sea peor de lo ya conseguido. La única negociación relevante es entre el PP y CiU. Que se les deje todo el margen de ponerse de acuerdo con sus socios de gobierno, porque es la mejor manera de evidenciar que las negociaciones no irán a ningún sitio.
Más dinero para Cataluña supone menos dinero para las arcas del estado central, así de claro. En un contexto donde el conjunto de las administraciones se ve obligado a cumplir unos objetivos de déficit (excesivamente duros, en mi opinión), hablar de un pacto fiscal es irresponsable si no se especifica la manera de compensar su existencia. Solo hay tres maneras de financiar un nuevo pacto fiscal. Primero, un recorte más fuerte en el presupuesto del estado central, sobre todo en las pensiones y en las prestaciones de paro, que agravaría la crisis. Segundo, un recorte en el gasto autonómico del resto de España. O tercero, una reforma fiscal en profundidad. No veo el PP aceptando ninguna de esas tres medidas.
Queda en evidencia que las CCAA no tienen las suficientes competencias impositivas como para afrontar sus gastos, que mayoritariamente se dedican a la sanidad, la educación, y a las prestaciones sociales. Necesitamos reformas especificas si queremos que esto no sea el caso. Toca un redistribución de competencias para corregir estos desequilibrios, y un sistema mejor y más justo de financiación autonómica, por supuesto. Servicios públicos de calidad deberían ser un derecho no solo para los catalanes o los españoles, si no que para todos los ciudadanos y ciudadanas de Europa. Pero no se puede escapar el hecho de que si queremos garantizar el bienestar en este sentido, se requiere sobre todo una reforma fiscal.
CiU no está pidiendo un pacto fiscal para garantizar el estado de bienestar. Están planteando una negociación de mala fe para tapar el desmantelando de los servicios públicos. La mejor manera de desactivarles sería que los demás partidos anunciaran que estarían de acuerdo con cualquier pacto entre el PP y CiU. Porque es un pacto imposible.
